Agresor y agredido
Por Enrique Vargas Pena
América Latina se encuentra sumergida una vez más en el mar de hipocresía y cinismo que la caracteriza, con motivo del conflicto existente entre Colombia por un lado y Ecuador y Venezuela por el otro.
En Colombia opera el grupo terrorista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que, entre otras cosas, mantiene ilegítimamente privadas de libertad a cientos de personas, además de matar de cuando en cuando alegando sus necesidades políticas de llamar la atención.
FARC está dirigido por una élite autodesignada (le llaman Secretariado), con poderes absolutos, que no cree en el gobierno popular ni lo promueve, sino en el de una vanguardia del proletariado que, llamativamente, está integrada por dicho Secretariado.
Este grupo terrorista se encuentra buscando, con apoyo del dictador de Venezuela, Hugo Chávez (depositario de la suma del poder en su país), el reconocimiento del estatuto de beligerancia, con el que lograría constituirse de facto en un gobierno en los territorios que controla en Colombia para formalizar una guerra civil en ese país, debilitando o destruyendo a su gobierno, defectuoso y con problemas, pero constitucional y democrático.
Rafael Correa, presidente de Ecuador que es aliado de Chávez, a quien debe grandes contribuciones para la campaña que lo convirtió en presidente, ha dado cobijo a terroristas de FARC en su territorio y ministros del gobierno ecuatoriano se han estado reuniendo con creciente periodicidad con los terroristas.
En síntesis, Venezuela y Ecuador están prestando abierto y militante apoyo a una organización criminal cuyo objetivo es la destrucción del régimen constitucional colombiano mediante acciones violentas.
Sin embargo, Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros países, no han dicho una palabra acerca de esa agresión permanente que sufre Colombia. Miran para otro lado.
Pero cuando Colombia se defiende, ajusticiando a los terroristas, entonces sí, se rasgan indignados las vestiduras y se apresuran a condenar al agredido, exigiéndole que se rinda sin luchar.
En estos días estamos discutiendo en Paraguay el supuesto ingreso de una fuerza policial brasileña (el Departamento de Operaciones de Frontera, DOF) para ejecutar la masacre de Capitán Bado, en la que fueron asesinados siete ciudadanos paraguayos.
La situación es completamente distinta a la operación que Colombia llevó a cabo en territorio ecuatoriano contra FARC, para eliminar a varios de sus más importantes dirigentes.
Ecuador funciona como refugio y protección de FARC, con pleno conocimiento, según lo sabemos ahora, del gobierno ecuatoriano. Los delincuentes a los que supuestamente buscaba el DOF no cuentan con apoyo semejante en Paraguay.
Nuestro país puede, eventualmente, ser refugio de criminales, pero hasta ahora nunca lo fue por consentimiento formal del gobierno, como sí es Ecuador para FARC.
La integridad territorial de los países debe ser respetada y defendida por la comunidad internacional, pero no al costo de verla convertida en el pretexto de organizaciones terroristas para destruir la vida institucional de sus países de origen.
En la presente crisis hay un agredido, que es Colombia, y hay agresores, que son Venezuela y Ecuador. Y es necesario hacer la diferencia y diferenciar las conductas, porque no son moralmente equiparables.
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