Francisco Valdés Ugalde
Chantaje corporativo
11 de octubre de 2009
Detrás de la aparente vigencia del sistema jurídico, México ha sido desde tiempos inmemoriales un país de estamentos subdividido en privilegiados y destituidos. Está hondamente arraigada entre nosotros una cultura que entiende que a cada privilegio de los poderosos debe corresponder una migaja de privilegio para los desfavorecidos. Así, época tras época hemos construido un tejido mental y social que tiene una idea del progreso basada en la colocación de cada individuo y grupo en un lugar del sistema estamentario.
Ciudades invadidas por mercaderes ambulantes; oficios y profesiones dominados por la lógica corporativa; políticos y servidores públicos que consideran el poder y el ejercicio de su función un patrimonio personal; empresas con poder gigantesco de mercado que no están dispuestas a ceder un solo milímetro en sus espacios adquiridos mediante mañas, favores y complicidades; cleptocracias encaramadas en gobiernos, contratos y empresas. Todos, con excepción de los cautivos, se niegan a pagar impuestos pero consumen con avidez los bienes públicos que se producen con el dinero de los que sí pagan.
Esa cultura vincula en lo más profundo a algunos de los partidos políticos que viven del nacionalismo corporativo, a los dirigentes sindicales que acumulan inmenso poder a través de la recaudación estatal de las cuotas de sus afiliados y se mantienen en el poder contra su voluntad, a los funcionarios corruptos, a los magnates que aparecen en las listas anuales de Forbes, y a su cortes de funcionarios y abogados defensores dedicados con ahínco a mantener privilegios injustificables.
Lo que menos se nos da es lo propio de una sociedad moderna: igualdad jurídico-política real y formal, capacidades de interacción libre en las que sea posible medir el beneficio del intercambio, del servicio, de la competencia y del mérito. Parafraseando a un clásico, en sociedades como la nuestra no hay “libre entrada” ni “impersonalidad” en las interacciones colectivas. En el fondo prevalece la negativa a regirnos por normas objetivas y someternos a ellas con rigor. Para el poderoso la norma es un estorbo, para el oprimido una simple engañifa. El resultado genera altos costos de transacción, bajo progreso y dificultades permanentes para actuar con visión de futuro.
La reacción de los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas a la negativa de la Secretaría del Trabajo a la toma de nota debida a la manipulación electoral en ese gremio viene a ser un agregado semanal a esta larguísima e interminable historia.
Pero no solamente ellos participan de los espectáculos recientes de la defensa de lo indefendible que nos brinda el chantaje de las corporaciones.
Recientemente el secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, expuso ante el Senado los problemas que ocasiona el ánimo litigante de Telmex y su conglomerado para defender su poder monopólico en el mercado. También hemos visto actuar a los medios electrónicos de comunicación encabezados por el duopolio Televisa-TV Azteca para impedir la modernización del espacio radioeléctrico y la fijación de reglas para la competencia. Todos los partidos políticos sin excepción aceptaron el chantaje de los medios para impedir que el país avanzara hacia nuevas alternativas tecnológicas que nos podían acercar a la sociedad del conocimiento. Y ni siquiera cobraron los beneficios, pues las televisoras de todos modos se dedicaron al chantaje electoral.
Se culpa al “neoliberalismo” de las desgracias del país, cuando ni siquiera las bases elementales de esa ideología de mercado existen en México. El salinismo no es un neoliberalismo, es un neocorporativismo. La intención del grupo gobernante en los años 90 no fue modernizar el capitalismo mexicano, sino reordenar el sistema de intereses refuncionalizando las corporaciones económicas y sus espejos en el mundo laboral. En la cúspide debería gobernar un nuevo partido hegemónico, pero el proyecto se cayó.
Ese fracaso nos arrojó en brazos de la democracia, que ahora zozobra por la inconsecuencia para erradicar las bases de aquel proyecto. Si la democracia que nació en los 90 gracias a las urgencias económicas ha de prosperar, es necesario instituir su correlato indispensable en las relaciones económicas y sociales: la igualdad jurídica y política de todos los individuos y la autonomía del Estado frente a intereses concentrados. Precisamente porque estamos en urgencia económica otra vez, hay que aspirar a una reforma liberal y social de las relaciones económicas para situar al país más allá de un callejón sin salida.
Investigador del Instituto deInvestigaciones Sociales de la UNAM
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