Una irresponsabilidad de Lugo podría perjudicar muy gravemente al Paraguay
El rearme de Bolivia impulsado por el gobierno de Evo Morales, con el directo apoyo financiero, diplomático y militar del dictador venezolano Hugo Chávez, ha colocado a nuestro país en un virtual estado de emergencia en lo concerniente a su seguridad nacional. Razones históricas e intereses geopolíticos remanentes de la derrota, y subyacentes hasta hoy en el alma de algunos líderes del Altiplano, hacen que tengamos que tomar en serio el extemporáneo y sugestivo giro armamentista de su gobierno. La parafernalia diplomática con que el actual gobierno boliviano pretende encubrir sus intenciones belicistas –incluido el “libro blanco”, de tanto crédito para nuestro canciller y nuestro ministro de Defensa– se parece mucho a la desplegada antes de la guerra, en el inicio de su furtiva penetración en territorio paraguayo. En aquella ocasión, el Gobierno paraguayo cometió el craso error de creer en la buena fe de los gobernantes bolivianos, confiando en la solución pacífica del conflicto fronterizo. La propia comunidad internacional cayó en el error, a causa de lo cual el Paraguay tuvo que soportar humillaciones e injusticias por parte de la Liga de las Naciones.
La guerra fue el precio que nuestro país tuvo que pagar por confiar en la fe púnica de los gobernantes bolivianos de la época, que costó la vida de más de 30.000 paraguayos y el sacrificio de la Nación durante los tres años que duró la lucha. La diplomacia es la primera línea de defensa de un país. La acomodaticia política exterior paraguaya de preguerra, a más de la manifiesta desidia de algunos de los gobernantes de turno en la preparación militar de la Nación, alentó la ambición boliviana para invadir el Chaco. A diferencia del Paraguay, Bolivia inició tempranamente su apresto bélico, desde 1905, con la organización de un moderno ejército, bien armado e instruido por misiones militares extranjeras. El Paraguay recién lo hizo al término de la sangrienta revolución de 1922-1923, cuando el doctor Eligio Ayala asumió la presidencia de la República. En medio del caos y la pobreza reinantes en el país, este preclaro gobernante realizó la memorable hazaña de arbitrar recursos para comprar armamentos por valor de casi cinco millones de dólares americanos, una suma sideral en aquellos tiempos para un país paupérrimo como el nuestro. Es posible que lo haya hecho hasta resignando el importe del pedazo de mandioca que complementaba el frugal plato del campesino paraguayo, pero, a diferencia del presidente Lugo, él comprendió que la defensa nacional estaba por encima de todas las prioridades que puede tener un gobierno, y más allá de cualquier ideología política, o populismo. En el breve lapso de 1923 a 1932, el presidente Eligio Ayala y su sucesor organizaron febrilmente la preparación militar para la defensa, comprando armamentos en Europa –incluidos los dos cañoneros– e impulsando la movilización militar e industrial del país.
El mejor aliado que tuvo Bolivia para invadir el Chaco fue el desgobierno y la anarquía política consecuente que vivió la República desde 1908 hasta 1923, casi sin solución de continuidad, con cuartelazos y revoluciones protagonizadas por facciones del gobernante Partido Liberal que había accedido al poder en 1904. Los bolivianos aprovecharon el total abandono del vasto y despoblado territorio por parte del Paraguay para avanzar su penetración sin resistencia alguna. Al término de la revolución de 1922-1923, siguiendo la margen del río Pilcomayo, las tropas bolivianas llegaron hasta el estero Patiño, distante menos de 250 kilómetros de Asunción.
Pese a la despreocupación del gobierno nacional por la defensa del Chaco, desde el inicio de la penetración boliviana hasta que se desencadenó la guerra, la opinión pública paraguaya no cesó en su patriótico reclamo por la indefensión del Chaco, acusando de traidores a los gobernantes de turno por permitir que el ejército invasor se posesionara impunemente del territorio nacional. En tal sentido, abundan los testimonios. En 1926, el ministro de Bolivia en Asunción, Bailón Mercado, informaba a su cancillería: “El ambiente general que aquí domina es de franca hostilidad hacia nosotros, tanto de parte de la prensa, cuanto de los partidos políticos y masas populares. Los diarios La Tribuna y El Orden casi no dejan de pasar un solo día sin registrar ataques más o menos violentos, tomando cualquier pretexto y aludiendo casi siempre a los pretendidos avances nuestros en el Chaco… Se reprocha al gobierno su debilidad para reprimir la desmedida audacia de los Chiquitos, como aquí se llama a los bolivianos”.
Efraím Cardozo, conocido escritor liberal, reconoció, con algún sesgo político, que desde 1929, mediante el diario La Nación, “se movilizó la juventud en una formidable campaña de odios, se esgrimió el arma de la cuestión internacional para infamar al gobierno, se trataba de crear en el pueblo la impresión de que el gobierno estaba traicionando a la Nación… El Chaco no era solo problema de cancillerías, sino un problema militar y motivo de apasionada inquietud popular. La opinión pública excitada e indignada por el avance ilegal boliviano estaba permanentemente movilizada en actitud beligerante frente a Bolivia y alerta respecto al gobierno, incitándolo a intensificar los preparativos bélicos”.
La situación que confronta nuestro país de cara a la carrera armamentista de Bolivia es una cuestión muy seria y el Gobierno no puede tomarlo a chacota, como lo están haciendo el presidente Lugo y sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, so pena de caer en el grave error del pasado. Si los gobiernos paraguayos de aquel tiempo hubiesen priorizado la defensa nacional, en vez de las apetencias políticas sectarias, y se organizaba el ejército de 10.000 hombres, como lo pretendían el capitán de navío Manuel J. Duarte y Manlio Schenone, cuando el presidente Cecilio Báez los comisionó a Europa para adquirir los armamentos y equipos militares que se necesitaban, probablemente no hubiese habido guerra del Chaco. Esa fuerza hubiese sido suficiente para disuadir al agresor, evitando la confrontación bélica.
El presidente Lugo se ha burlado del sentimiento de dignidad del pueblo paraguayo al restar importancia a la urgente necesidad que tienen nuestras fuerzas armadas de recomponer sus raleados cuadros, renovar su armamento inservible y poner en condiciones mínimas su apresto operacional, a fin de enviar una señal de advertencia a los 6.000 hombres que el ejército boliviano tiene actualmente encuadrados dentro del Comando Militar del Plata, con asiento en la ciudad de San Ignacio de Velazco, en el departamento de Santa Cruz. Las infraestructuras y la articulación operacional de este comando militar regional y de otros están siendo financiadas con ayuda del Gobierno venezolano, dentro del acuerdo militar firmado hace algún tiempo por los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales. Aunque el asiento del mismo se encuentra relativamente alejado de nuestra frontera chaqueña, sus unidades orgánicas se encuentran desplegadas en mayoría a lo largo de ella, desde Roboré hasta Villamontes, pasando por Boyuibé, Camiri y Sanandita, a más de las guarniciones fronterizas propiamente dichas.
Ante este preocupante panorama armamentista que despliega Bolivia sobre nuestra sensible frontera chaqueña, el presidente Lugo se muestra absolutamente indiferente, respondiendo evasivamente y hasta con ironía chabacana los reclamos que justificadamente la opinión pública le formula. Esta irresponsable actitud del Presidente de la República implica un repudio de su responsabilidad constitucional de velar por la seguridad nacional y no debe ser tomada a la ligera, ni tolerada.
Por tanto, el Congreso Nacional debe, en representación del pueblo, exigirle que se pronuncie oficialmente con respecto a la política de rearme de Bolivia y el estado de total abandono en que se encuentran actualmente nuestras fuerzas armadas. En vista de la delicada situación que nuestro país enfrenta en momentos en que la seguridad de la región se halla crispada por ejes ideológicos antagónicos y carreras armamentistas, el rearme de nuestro agresor de ayer no puede resultarnos indiferente. Lo único que falta para completar el bochorno institucional es que el Comandante en Jefe califique la defensa nacional como un vyrorei, vulgar expresión guaraní acuñada por el ex presidente de facto Luis González Macchi para justificar la tenencia de un automóvil robado en Brasil.
Si el Presidente de la República rehúye definir con claridad su posición respecto de tan vital asunto público, entonces el Congreso debe destituirlo sin más trámite, mediante un juicio político, sin esperar que la juventud sea nuevamente masacrada en los jardines del Palacio de López, como el 23 de octubre de 1931.
3 de Octubre de 2009 21:49
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