“Una ley que no se puede ejecutar no disuade a nadie. De hecho, debilita el respeto de la ley.”

Una orden de detención que justifica la hipocresía

by Robert Skidelsky

LONDRES – En este mes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha respaldado la solicitud de su fiscal principal de que emitiera una orden de detención de Omar el-Bashir, Presidente del Sudán, con la acusación de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Éste respondió expulsando a los organismos extranjeros de ayuda que prestaban asistencia en los campos de refugiados de Darfur.

Es la primera vez que se ha procesado a un jefe de Estado en el poder por crímenes de guerra y la reacción en todo el mundo ha estado principalmente dividida entre los que han aclamado esa decisión como un gran paso adelante de la justicia internacional y quienes la han condenado como una forma de colonialismo. Las dos posiciones están irremediablemente sumidas en una confusión moral e intelectual.

La orden no ha sido un salto adelante. Desde el punto de vista jurídico, no hay diferencia entre que el acusado sea un jefe de Estado en el poder o un ex jefe de Estado, pero sí que hay una enorme diferencia práctica, en el sentido de que un gobernante en ejercicio puede causar mucho más daño a su pueblo en el futuro que un ex gobernante, por lo que no se le debe brindar incentivo alguno para tomar represalias.

A consecuencia de las políticas de Bashir, se calcula que unas 300.000 personas han muerto y 2,7 millones han quedado desplazadas en Darfur. La expulsión de los organismos de ayuda ha puesto a más de un millón de darfuríes en peligro de epidemias e inanición. De conformidad con el estatuto por el que se creó el TPI, el fiscal debe velar por que todos los procesamientos redunden en provecho de las víctimas, además de la justicia, pero, para juristas como el fiscal del TPI, las exigencias abstractas de la justicia son más importantes que deber de protección alguno. En este caso, la justicia ha ido acompañada de fechas envenenadas.

Envalentonados por la orden de detención y su imprecisa sugerencia de apoyo internacional, los rebeldes darfuríes, el Movimiento Justicia e Igualdad, han abandonado las conversaciones de paz con el Gobierno del Sudán. Entretanto, Bashir, puesto que ya tiene poco que perder, no desaprovechará la oportunidad para atacar a sus enemigos.

El argumento contrario es el de que la amenaza de procesamiento disuadirá a los gobernantes de recurrir a un comportamiento perverso, pero la ley sólo puede disuadir si sus sanciones son creíbles. Una ley que no se puede ejecutar no disuade a nadie. De hecho, debilita el respeto de la ley.

Además, si bien el miedo a ser llevados a La Haya puede tener algún efecto para disuadir a los gobernantes de cometer crímenes contra la Humanidad, la afirmación de que la orden de detención de Bashir disuadirá a los actuales violadores de los derechos humanos es irrisoria. De hecho, es probable que prolongue los regímenes perversos. Robert Mugabe, por ejemplo, se niega a abandonar el poder –con gran costo para el pueblo de Zimbabwe– por miedo a ser llevado a juicio.

Cualesquiera que sean los atractivos del principio de no dejar a los criminales “dónde esconderse, sean cuales fueren las consecuencias”, no se pueden pasar por alto éstas cuando los criminales son jefes de Estado. No se puede elevar la política de no negociar nunca con los terroristas al nivel estatal cuando centenares de miles de vidas están en juego.

Entretanto, la acusación de colonialismo es un simple reflejo: el colonialismo ya no existe. El argumento de que el derecho internacional es simplemente “derecho occidental” es también una bobada. El derecho internacional es la conciencia de la Humanidad, pero la impresión de que se hace una aplicación selectiva de la ley también resulta ser cierta.

En el juicio de Nuremberg de 1946, que puso las bases del actual derecho internacional, la acusación principal contra los dirigentes nazis fue la de “planificar y reñir una guerra agresiva”. La prohibición de la guerra, excepto para la defensa propia, figura en la Carta de las Naciones Unidas, pero los creadores del TPI consideraron que el lanzamiento de una guerra agresiva, que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg calificó de “máximo crimen internacional”,  no correspondía a su jurisdicción. Así se garantizó la inmunidad legal para los dirigentes que perpetraron la invasión del Iraq.

La acusación de aplicación selectiva es aplicable también a la orden de detención de Bashir. Éste está acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Estos últimos fueron tipificados por primera vez en los principios de Nuremberg de 1950 para que entre ellos figuraran el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y “otros actos inhumanos”. En 1998, se aclararon esos otros actos inhumanos como encarcelación falsa, tortura, violación, persecución de un grupo, desaparición forzada de personas y apartheid .

Así, pues, no sorprende leer en el Arab News que la orden de detención de Bashir “apesta a hipocresía”. En efecto, ¿dónde están las órdenes de detención de Bush y Cheney? ¿Acaso no cuenta la entrega extrajudicial como “desaparición forzada de personas”? ¿Acaso el “submarino” aplicado a Jalid Sheij Mohammed no cuenta como tortura? ¿Por qué no se ha sometido a juicio a Vladimir Putin por los crímenes de guerra en Chechenia?

La respuesta es sencilla: en los casos en que los intereses de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o uno de sus satélites están en juego. La jurisdicción del tribunal no llega hasta ellos. El TPI es como una telaraña: las mosquitas se quedan pegadas y los avispones pasan a través de ellas.

Mientras los Estados Unidos no ratifiquen el tratado sobre el TPI, éste está condenado a que muchos lo consideran poco más que un tribunal irregular politizado. Sin el apoyo americano, tiene pocas esperanzas de granjearse legitimidad, por no hablar de desempeñar sus funciones con eficacia.

El Consejo de Seguridad tiene la competencia para aplazar la orden de detención de Bashir durante períodos renovables de un año. Puede hacerlo indefinidamente y parece probable que lo haga. Lo que se pretende es que el aplazamiento de la orden de detención dé al Consejo de Seguridad influencia sobre el Sudán. Gareth Evans, ex ministro australiano de Asuntos Exteriores. lo ha calificado de “potente instrumento diplomático”, mientras que el Washington Post ha pedido que se utilice la orden de detención “como baza para la negociación con el Sr. Bashir y sus aliados árabes y chino”. Creen que se puede utilizar la amenaza de detención  para obligar a Bashir a corregir su conducta.

Si resultara cierto, el TPI y sus patrocinadores habrían confundido la justicia con la diplomacia. Si el mundo puede dispensar justicia sólo a expensas de los débiles y para ventaja de los fuertes, debería atenerse a los antiguos instrumentos de prevención del delito –la fuerza y la negociación– y dejar fuera la justicia.

Robert Skidelsky,  miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de economía política en Warwick University, autor de una biografía premiada del economista John Maynard Keynes y miembro de la dirección de la Escuela de Estudios Políticos de Moscú.

http://www.project-syndicate.org/commentary/skidelsky15/Spanish