| La crisis del poder legislativo |
| Congreso ¿Mal necesario? |
| El problema no es sólo de Colombia. Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil viven sus propios escándalos parlamentarios. |
| Hugo García Segura |
sábado, 30 de junio de 2007
El poder legislativo está en crisis, pero no únicamente en Colombia. Los congresos y parlamentos de los países latinoamericanos parecen empeñados, desde hace décadas, en labrarse una imagen de desprestigio e ineficiencia, y la comidilla diaria son los escándalos por corrupción, contratos amañados, ‘micos’, negociación de puestos, financiación ilegal, dependencia de los gobiernos de turno y hasta nexos con la delincuencia.
Parece un mal congénito que, al menos en el caso colombiano, comenzó desde el mismo momento en que Simón Bolívar, en 1818, buscando un gobierno de base popular, planteó la necesidad de realizar elecciones para un Congreso Constituyente. El 15 de febrero de 1819, bajo la presidencia de Francisco Antonio Zea, se instalaba solemnemente dicho Congreso y, poco tiempo después, se aprobaban ya las famosas dietas parlamentarias y se establecía la inmunidad parlamentaria.
Posteriormente, durante la Convención de Ocaña en 1828, entre otros factores convocada para superar rivalidades políticas y evitar la disolución de la Gran Colombia, en el momento más apremiante del debate, la reunión se disolvió por falta de quorum. En pocas palabras, cualquier parecido con la actualidad es más que coincidencia y, como reza un comentario atribuido a el Libertador Bolívar, “jamás un Congreso ha salvado a la República”.
Hoy, el Congreso de Colombia atraviesa una de las peores crisis de su historia, en medio del escándalo por nexos de algunos de sus miembros con grupos paramilitares, ausentismo y burocracia. Sin embargo, para el presidente Uribe fue un “Congreso extraordinario”, porque aprobó proyectos prioritarios de la agenda de Gobierno como la Ley de Transferencias, el TLC, el Plan de Desarrollo y el Estatuto de Desarrollo Rural, entre otros.
No importa que la ley que blindaba las elecciones regionales de octubre próximo de la influencia de grupos armados ilegales se haya caído. Tampoco que se le haya dado la espalda a la que establecía derechos patrimoniales y de seguridad social a las parejas del mismo sexo, hundida insólitamente en la conciliación, un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país.
Mal de muchos...
Pero si por aquí llueve, en países como Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil no escampa. En tremendo lío está metido el presidente ecuatoriano Rafael Correa por declarar que la Asamblea Constituyente, que deberá instalarse en octubre próximo con el fin de darle un nuevo rumbo al país, lo primero que tiene que hacer es disolver el Congreso. “Con esa clase de Congreso no puede seguir funcionando una democracia. ¿A quiénes representan? Es una vergüenza para el país”, dijo, y ya le cayó una demanda penal.
Y qué decir de Perú, donde a menos de un año de haber iniciado su mandato, la aprobación del Congreso está en sólo un 18%, producto del escándalo de la contratación de falsos asesores y un turbio proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. En Perú sólo el 15% de la población se siente representada por su Congreso y hay quienes reclaman la reducción del mandato parlamentario.
En Paraguay, el alboroto fue mayor. Allá se fueron a los puños parlamentarios del mayoritario Partido Colorado y la oposición, todo por no ponerse de acuerdo en la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara Baja. Mientras tanto, el senado brasileño afronta la peor crisis de los últimos tiempos por denuncias de corrupción contra su presidente, Renán Calheiros y contra el legislador Joaquín Roriz, los dos del partido Movimiento Democrático Brasileño, aliado del presidente Lula.
A Calheiros se le señala de haber recibido, entre 2004 y 2005, sobornos de al menos US$ 8.000 al mes de una empresa privada de construcción a cambio de interceder por ella en licitaciones de obras públicas. Roriz, por su parte, es investigado por presuntos nexos con una banda dedicada a fraude con fondos públicos y en capilla también están otros cuatro senadores y 25 diputados más, acusados de compra de votos y abuso de poder político y económico en las elecciones pasadas.
Reformas de fondo
Es el triste panorama del poder legislativo en la región, que cada día se debate entre cierres, revocatorias, propuestas de auto-renuncias y hasta llamados a nuevas elecciones. “Es un problema estructural y funcional”, dice el ex senador Darío Martínez, para quien el mismo sistema presidencial hace que el Congreso termine siendo un apéndice del Ejecutivo “sin autonomía, sin independencia y bailando con una sola pareja, el Presidente”.
Martínez cree además que el esquema bicameral es otro error de la democracia representativa porque aumenta los vicios del Congreso y que, definitivamente, otro de los problemas es la “condición humana” del congresista. “La Constitución de 1991 se quedó corta en exigir requisitos académicos y éticos para ser elegido Senador y Representante”. Sin embargo, decir que el Congreso es un mal necesario significa justificar comportamientos irregulares, arbitrarios e ilícitos en aras de la democracia. “El Congreso no tiene que ser un mal necesario sino un bien necesario. Eso es lo que se aspira en una democracia pluralista y representantativa”.
Andrés Mejía, director del Instituto Libertad y Progreso, considera que los males del Congreso son los males de la democracia y que la solución no es acabar con la institución sino fortalecerla de verdad. “Creo que una manera de hacer menores esos males es con un sistema parlamentario, que implicaría menos incentivos para la corrupción y la politiquería. En el sistema presidencial la aprobación de los proyectos se logra comprando lealtades individuales, algo que ni siquiera en Colombia logró cambiar la ley de bancadas”, argumentó.
El abogado y asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía Nelson Socha, cree por su parte que el desprestigio y la fragmentación en intereses particulares que vive nuestro poder legislativo hace difícil imaginar el parlamentarismo o el semiparlamentarismo en Colombia. “Ello supone partidos fuertes y viceversa: los partidos fuertes son el mejor modo de que el Congreso sea fuerte. Porque, después de todo, el Congreso es el recinto más alto de la democracia y el lugar que inventó la humanidad para zanjar sus diferencias de visión sin usar la violencia”.
Armando Novoa, del Centro de Estudios Constitucionales —Plural—, opina que si bien los congresos expresan la voluntad del pueblo, en muchos países latinoamericanos el clientelismo, el subdesarrollo y la corrupción han desfigurado la institución. “Por eso siempre existe la tentación de revocar los mandatos, lo que puede dar lugar a interrumpir procesos democráticos. Pero si no se plantean reformas no será posible tener buena política. En Colombia, las reformas no han mejorado la calidad de la política ni la legitimidad del Congreso, no le han dado más transparencia y hoy es todo lo que la sociedad repudia, aunque haya buenos congresistas”.
Espaldarazo
El Congreso colombiano, en la legislatura que acaba de concluir, recibió un espaldarazo del presidente Álvaro Uribe esta semana, cuando en su intervención en la Escuela de Oficiales de la Policía dijo: “Muchos querían que se revocara el Congreso, que convocáramos una constituyente, que fracasara la agenda legislativa. Cualquiera de esas posibilidades habría sido un salto a la anarquía. Habría sido un salto al vacío. Habría sido ponerle un aplazamiento a la confianza en Colombia. Hemos procedido bien. En lugar de dejarnos tentar por la disolución del Congreso, lo que hemos hecho es impulsar la agenda legislativa que se acaba de aprobar, que dice bien de Colombia, que les da confianza a los colombianos, que le da confianza al mundo.
¿Qué sería mejor? ¿Haber disuelto el Congreso, estar hoy con entuertos y malabares jurídicos, mirando a ver quién lo sustituye, sin tener certeza de cómo quedarían las transferencias, el TLC, las normas de justicia, o haber apoyado a la justicia y haber apoyado a la institución del Congreso, y poderle entregar al país hoy un balance bien importante en materia de leyes, y poder hacerle un llamamiento confiado para que el Congreso que empiece el 20 de julio apruebe las normas que aún nos hacen falta para el bien de la República?”.
Parece un mal congénito que, al menos en el caso colombiano, comenzó desde el mismo momento en que Simón Bolívar, en 1818, buscando un gobierno de base popular, planteó la necesidad de realizar elecciones para un Congreso Constituyente. El 15 de febrero de 1819, bajo la presidencia de Francisco Antonio Zea, se instalaba solemnemente dicho Congreso y, poco tiempo después, se aprobaban ya las famosas dietas parlamentarias y se establecía la inmunidad parlamentaria.
Posteriormente, durante la Convención de Ocaña en 1828, entre otros factores convocada para superar rivalidades políticas y evitar la disolución de la Gran Colombia, en el momento más apremiante del debate, la reunión se disolvió por falta de quorum. En pocas palabras, cualquier parecido con la actualidad es más que coincidencia y, como reza un comentario atribuido a el Libertador Bolívar, “jamás un Congreso ha salvado a la República”.
Hoy, el Congreso de Colombia atraviesa una de las peores crisis de su historia, en medio del escándalo por nexos de algunos de sus miembros con grupos paramilitares, ausentismo y burocracia. Sin embargo, para el presidente Uribe fue un “Congreso extraordinario”, porque aprobó proyectos prioritarios de la agenda de Gobierno como la Ley de Transferencias, el TLC, el Plan de Desarrollo y el Estatuto de Desarrollo Rural, entre otros.
No importa que la ley que blindaba las elecciones regionales de octubre próximo de la influencia de grupos armados ilegales se haya caído. Tampoco que se le haya dado la espalda a la que establecía derechos patrimoniales y de seguridad social a las parejas del mismo sexo, hundida insólitamente en la conciliación, un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país.
Mal de muchos...
Pero si por aquí llueve, en países como Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil no escampa. En tremendo lío está metido el presidente ecuatoriano Rafael Correa por declarar que la Asamblea Constituyente, que deberá instalarse en octubre próximo con el fin de darle un nuevo rumbo al país, lo primero que tiene que hacer es disolver el Congreso. “Con esa clase de Congreso no puede seguir funcionando una democracia. ¿A quiénes representan? Es una vergüenza para el país”, dijo, y ya le cayó una demanda penal.
Y qué decir de Perú, donde a menos de un año de haber iniciado su mandato, la aprobación del Congreso está en sólo un 18%, producto del escándalo de la contratación de falsos asesores y un turbio proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. En Perú sólo el 15% de la población se siente representada por su Congreso y hay quienes reclaman la reducción del mandato parlamentario.
En Paraguay, el alboroto fue mayor. Allá se fueron a los puños parlamentarios del mayoritario Partido Colorado y la oposición, todo por no ponerse de acuerdo en la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara Baja. Mientras tanto, el senado brasileño afronta la peor crisis de los últimos tiempos por denuncias de corrupción contra su presidente, Renán Calheiros y contra el legislador Joaquín Roriz, los dos del partido Movimiento Democrático Brasileño, aliado del presidente Lula.
A Calheiros se le señala de haber recibido, entre 2004 y 2005, sobornos de al menos US$ 8.000 al mes de una empresa privada de construcción a cambio de interceder por ella en licitaciones de obras públicas. Roriz, por su parte, es investigado por presuntos nexos con una banda dedicada a fraude con fondos públicos y en capilla también están otros cuatro senadores y 25 diputados más, acusados de compra de votos y abuso de poder político y económico en las elecciones pasadas.
Reformas de fondo
Es el triste panorama del poder legislativo en la región, que cada día se debate entre cierres, revocatorias, propuestas de auto-renuncias y hasta llamados a nuevas elecciones. “Es un problema estructural y funcional”, dice el ex senador Darío Martínez, para quien el mismo sistema presidencial hace que el Congreso termine siendo un apéndice del Ejecutivo “sin autonomía, sin independencia y bailando con una sola pareja, el Presidente”.
Martínez cree además que el esquema bicameral es otro error de la democracia representativa porque aumenta los vicios del Congreso y que, definitivamente, otro de los problemas es la “condición humana” del congresista. “La Constitución de 1991 se quedó corta en exigir requisitos académicos y éticos para ser elegido Senador y Representante”. Sin embargo, decir que el Congreso es un mal necesario significa justificar comportamientos irregulares, arbitrarios e ilícitos en aras de la democracia. “El Congreso no tiene que ser un mal necesario sino un bien necesario. Eso es lo que se aspira en una democracia pluralista y representantativa”.
Andrés Mejía, director del Instituto Libertad y Progreso, considera que los males del Congreso son los males de la democracia y que la solución no es acabar con la institución sino fortalecerla de verdad. “Creo que una manera de hacer menores esos males es con un sistema parlamentario, que implicaría menos incentivos para la corrupción y la politiquería. En el sistema presidencial la aprobación de los proyectos se logra comprando lealtades individuales, algo que ni siquiera en Colombia logró cambiar la ley de bancadas”, argumentó.
El abogado y asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía Nelson Socha, cree por su parte que el desprestigio y la fragmentación en intereses particulares que vive nuestro poder legislativo hace difícil imaginar el parlamentarismo o el semiparlamentarismo en Colombia. “Ello supone partidos fuertes y viceversa: los partidos fuertes son el mejor modo de que el Congreso sea fuerte. Porque, después de todo, el Congreso es el recinto más alto de la democracia y el lugar que inventó la humanidad para zanjar sus diferencias de visión sin usar la violencia”.
Armando Novoa, del Centro de Estudios Constitucionales —Plural—, opina que si bien los congresos expresan la voluntad del pueblo, en muchos países latinoamericanos el clientelismo, el subdesarrollo y la corrupción han desfigurado la institución. “Por eso siempre existe la tentación de revocar los mandatos, lo que puede dar lugar a interrumpir procesos democráticos. Pero si no se plantean reformas no será posible tener buena política. En Colombia, las reformas no han mejorado la calidad de la política ni la legitimidad del Congreso, no le han dado más transparencia y hoy es todo lo que la sociedad repudia, aunque haya buenos congresistas”.
Espaldarazo
El Congreso colombiano, en la legislatura que acaba de concluir, recibió un espaldarazo del presidente Álvaro Uribe esta semana, cuando en su intervención en la Escuela de Oficiales de la Policía dijo: “Muchos querían que se revocara el Congreso, que convocáramos una constituyente, que fracasara la agenda legislativa. Cualquiera de esas posibilidades habría sido un salto a la anarquía. Habría sido un salto al vacío. Habría sido ponerle un aplazamiento a la confianza en Colombia. Hemos procedido bien. En lugar de dejarnos tentar por la disolución del Congreso, lo que hemos hecho es impulsar la agenda legislativa que se acaba de aprobar, que dice bien de Colombia, que les da confianza a los colombianos, que le da confianza al mundo.
¿Qué sería mejor? ¿Haber disuelto el Congreso, estar hoy con entuertos y malabares jurídicos, mirando a ver quién lo sustituye, sin tener certeza de cómo quedarían las transferencias, el TLC, las normas de justicia, o haber apoyado a la justicia y haber apoyado a la institución del Congreso, y poderle entregar al país hoy un balance bien importante en materia de leyes, y poder hacerle un llamamiento confiado para que el Congreso que empiece el 20 de julio apruebe las normas que aún nos hacen falta para el bien de la República?”.
Nenhum comentário:
Postar um comentário