Francois Houtart*
Liberar a Ingrid Betancourt sin olvidar a los 4 millones de desplazados
La opinión mundial se preocupa, con razón, por la liberación de Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia de la república de nacionalidad franco-colombiana, pero da poca atención al fenómeno masivo de los desplazados forzados en Colombia. Sin embargo, después de Sudán (Darfur) y de Somalia, Colombia es el país más afectado por esta plaga, calificada por Naciones Unidas como crimen contra la humanidad.
Recientemente un tribunal internacional de opinión, que he tenido el privilegio de presidir, tuvo lugar en el Congreso colombiano, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Preparado por cinco sesiones regionales y una abundante documentación, el trabajo del tribunal ha podido establecer el carácter dramático y masivo de esta situación que afecta a uno de ocho colombianos. Los testimonios provinieron en mayor parte del campo: campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Si el conflicto armado interno explica en parte estas situaciones, de lejos la causa más frecuente es el proceso de concentración de tierras en manos de grandes terratenientes y de empresas nacionales y trasnacionales, como las mineras Anglogold Ashanti, las petroleras Repsol, BP y Petrocabada, y las compañías palmeras para los agrocombustibles como Urapalma, pero también la bananera Chiquita Brands. Eso se cumplió con la ayuda del ejército, de los paramilitares y de las sociedades privadas de seguridad (como en Irak).
La violencia del proceso es tremenda. He podido verificarlo en el Chocó. A los campesinos que rechazaban entregar sus tierras se les decía :“si se niegan, negociaremos con sus viudas”, y muchas ejecuciones tuvieron lugar. Los miembros del tribunal y el presidente de la asociación de desplazados fueron amenazados de muerte por el grupo paramilitar Águilas Negras.
Según el veredicto del tribunal, se trata de una crisis estructural. Desde medianos de los 80, los narcotraficantes decidieron traer sus divisas al país y lavarlas mediante la compra de grandes extensiones de las mejores tierras. Los cárteles del narcotráfico junto con sectores de la oligarquía, de la clase política y las fuerzas militares crearon una nueva versión del paramilitarismo, bajo el pretexto de luchar contra la insurgencia. De esa manera se fraguó una alianza mediante la cual los paramilitares eliminaban a los miembros de los partidos políticos izquierdistas de oposición (Unión Patriótica) y a los movimientos cívicos que clamaban por mejores condiciones de vida. En cambio, el establishment les permitía continuar sus actividades ilícitas, las cuales a su vez financiaban el poder político. La apropiación ilícita de tierras promovió no sólo una fuerte concentración inequitativa, sino también una transformación del uso. Grandes extensiones aptas para agricultura y bosques fueron dedicadas a la ganadería.
Los desplazamientos tuvieron un nuevo incremento durante la primera mitad de la década de los años 90 cuando entraron en auge las políticas neoliberales que facilitaban el paso de las inversiones trasnacionales. Grandes empresas requirieron un camino libre para avanzar en la apropiación de tierras donde se localizarían megaproyectos de inversión: agrícola, industrial, minero, portuario, turístico, vial. El Plan Colombia de 1997, estrategia militar financiada por Estados Unidos con el pretexto de contrarrestar el avance de las guerrillas, tenía en realidad el fin de controlar el poder político y económico en determinadas regiones del país. El número de desplazamientos aumentó. Bombardeos indiscriminados, capturas masivas, criminalización de los movimientos sociales, fuerte presencia militar en determinadas regiones explican el incremento. Si en los últimos años las cifras disminuyeron relativamente, es porque existen zonas despobladas disponibles e inmensas extensiones de tierras ya desposeídas. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano está promoviendo una legislación que pretende legalizar los despojos y dejar en la impunidad los crímenes cometidos (Estatuto de Desarrollo Rural, Ley de Justicia y Paz, Ley de Tierras, de Minas, de Petroleo, etcétera).
El veredicto del tribunal acusó a tres grupos de actores: el gobierno colombiano por lo que resulta ser una política de Estado, los terratenientes y las empresas nacionales e internacionales involucradas en este modelo de “crecimiento económico”, y los gobiernos extranjeros que directa o indirectamente apoyan a Colombia: Estados Unidos por su ayuda económica y militar, la Unión Europea por sus programas asistenciales de cooperación y varios gobiernos que apoyan a sus empresas en el país, como Canadá, Gran Bretaña, Suiza y Francia.
El presidente Uribe presentó su solución en una reunión con miembros del Parlamento Latinoamericano, el mismo día de la proclamación del veredicto del tribunal y en el mismo Congreso. Los problemas serán resueltos caso por caso, lo que individualiza una situación que es estructural y margina a los movimientos sociales, y se tratará de un proceso administrativo y no judicial, lo que implica la impunidad de los que verán sus nuevas propiedades legalizadas por una serie de disposiciones.
Entonces, sí, liberar a Ingrid Betancourt, y enseguida. Pero la comunidad internacional tiene que preocuparse también de los otros 4 millones de colombianos que no tienen nombre.
* Sacerdote y sociólogo belga, secretario ejecutivo del Foro Mundial de Alternativas.
http://www.jornada.unam.mx/2007/12/16/index.php?section=opinion&article=026a1mun
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